A las 10 de la mañana, Joana Enriques comienza su turno para alimentar el fuego. En Luján, una ciudad a 80 kilómetros de la capital argentina, Buenos Aires, se encuentra “La Quema”, un vertedero a cielo abierto que literalmente significa—La Quema. Recolectores como Enriques recogen y clasifican montones de basura para alimentar el fuego del vertedero y alimentar a sus familias.
“Mi familia siempre ha vivido acá buscando trabajo”, dijo Enriques.
"La mayoría de nosotros no sabe hacer otra cosa que reciclar y estar acá."
Mientras los trabajadores se ven obligados a responder a las demandas del vertedero, el humo se eleva hacia el cielo húmedo de Luján. El aire se espesa con el hedor a azufre y polvo cuando uno de los 15 camiones pasa por el camino de tierra de 700 metros para descargar unas 180 toneladas de basura en La Playa—la zona de descarga. Con su mirada penetrante y sus garras, las aves carroñeras se abren paso entre la neblina y solo aterrizan cuando encuentran algo de valor.
Entre cebollas podridas, osos de peluche, cuadernos escolares desechados, tierra y de vez en cuando una cabra muerta, los trabajadores de La Quema, como las aves carroñeras, buscan oro en las 27 hectáreas del basural.
El oro en este páramo son el plástico, el cartón y los metales. Los trabajadores, conocidos por la comunidad como “cartoneros”, clasifican cada material en una gran bolsa blanca de plástico para entregársela a El Indio, quien actúa como intermediario vendiendo las materias primas recogidas por los trabajadores del vertedero a industrias que las compran. El Indio se queda con la mayor parte de la ganancia mientras que los cartoneros reciben una comisión pequeña, pero suficiente para sobrevivir.
El peso de la desolación es casi inabordable, pero Enriques encuentra la escena familiar.
“Siempre veníamos de chicos, hasta solo a jugar con los pájaros”, dijo Enriques, de 26 años. “La mayoría no viene solo a trabajar—las mujeres vienen a buscar ropa o venden cosas que encuentran en las ferias.”
Su familia ha trabajado allí por generaciones, y ella trabaja en el vertedero desde los 12 años.
La Quema es el vertedero a cielo abierto más grande de Argentina y uno de los más grandes de Sudamérica. También es ilegal. La quema de residuos libera toxinas al aire, y los camiones atraviesan el mar de basura, aplastando aves o, en ocasiones, trabajadores. Aunque los cartoneros aceptan el riesgo, entra en conflicto con los residentes que viven alrededor del enorme basural en Luján.
Ambientalistas en Luján han pedido el cierre de La Quema. En diciembre, un tribunal federal ordenó reanudar los esfuerzos de limpieza para convertir el vertedero en un centro ambiental. También se ordenó al gobierno municipal de Luján que detuviera la disposición de residuos y trabajara en la incorporación de “recicladores informales” en procesos de gestión de residuos reformados.
Pese al esfuerzo por incluirlos en el futuro, cartoneros como Enriques se resisten a las medidas judiciales para proteger su sustento. La resistencia se ve agravada por la pobreza causada por los nuevos programas de austeridad del presidente Javier Milei, que han contribuido al aumento del desempleo y duplicado la cantidad de cartoneros.
Del Residuo al Valor
ECONOMÍA POPULAR
Los cartoneros no son nuevos en Argentina. En 2001, el país sufrió una gran crisis económica tras desregular su economía e incrementar la dependencia del Fondo Monetario Internacional.
Según el Banco Mundial, la crisis económica colocó al 53% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza. Obligó a unas 30,000 familias a convertirse en cartoneros, reportó Al Jazeera en 2007.
Después del colapso, los cartoneros se volvieron tan numerosos que se creó El Tren Blanco, un tren blanco que los transportaba desde la ciudad a las villas para recolectar residuos. Finalmente, el tren fue descontinuado por problemas de gestión.
Sin apoyo estatal, surgieron organizaciones como la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores para formalizar los derechos laborales de los recolectores, según un informe de la Fundación Friedrich Ebert.
Hoy existen sindicatos y cooperativas donde los cartoneros pueden trabajar formalmente con protección y sueldo contratado por los municipios. Aunque estas vías existen, muchos argentinos recurren al sector informal, llevando a muchos a trabajar en basurales ilegales como La Quema.
“Hay fábricas”, dijo Enriques. “Pero se necesita educación, y el sueldo no es el mismo. Se puede trabajar ahí y aun así ganar lo que se gana aquí en un día.”
El giro hacia el sector informal es más pronunciado bajo la administración de Milei. Desde que asumió, ha implementado medidas de austeridad drásticas, recortando programas sociales que hacían posible pagar el alquiler o acceder a atención médica. Aunque Milei ha alardeado de la baja en la inflación y la pobreza, según el INDEC, la realidad de los cartoneros cuenta otra historia.
Eduardo Donza, profesor de la Universidad de Buenos Aires especializado en mercado laboral, desigualdad social y pobreza, dijo que el trabajo informal continúa creciendo a nivel nacional.
Se estima que el 33% de la fuerza laboral argentina opera dentro de lo que economistas como Donza llaman “economía popular”, donde los empleos se alejan del trabajo tradicional y carecen de protección laboral. Los cartoneros forman parte de esta economía. Estos trabajos surgen por supervivencia cuando el mercado laboral no puede sostener a sus ciudadanos.
"En niveles muy cercanos a la subsistencia, esto implica grandes niveles de exclusión y la imposibilidad de acceder a alimentos mínimos."
Enriques dijo que hay otros trabajos en Luján, como en fábricas, pero requieren educación. Esta falta de oportunidades coloca a personas como Enriques en ese 33%, pero dijo que tener control sobre su propio trabajo lo vale.
“Es más fácil acá, venís si querés”, dijo Enriques. “Lo que yo quería era no tener un jefe que me controle, no tener un horario fijo. Vos decidís tu tiempo.”
Sin embargo, ese sentido de estabilidad está en riesgo a medida que ambientalistas plantean preocupaciones, lo que ha llevado a la intervención judicial.
EL MEDIOAMBIENTE
Las llamas de La Quema marcaron la mente y el cuerpo de Sergio Esteban Almada desde 1993. Todo comenzó con psoriasis, una enfermedad cutánea con sarpullido y picazón, cuando tenía seis años. Su padre había trabajado en el vertedero desde su apertura en 1970. Almada siguió sus pasos.
"Era un mar de residuos. Residuos sobre residuos."
Las erupciones crecieron, al igual que la humillación. Fue acosado en la escuela por su apariencia. Su piel se agrietaba y sangraba, dificultando su movimiento.
“El médico me dijo: ‘No te vas a morir de esto, pero sí con esto’”, dijo Almada. “Eso fue a los 12 años, y la vida solo se volvió más difícil.”
Desarrolló artritis a los 37 años y le dijeron que no podía seguir trabajando en La Quema. Sus articulaciones estaban hinchadas, pasó 10 años en cama. Su columna vertebral se fusionó y ya no puede girar la cabeza ni enderezar la espalda.
“Sentía vergüenza”, dijo Almada. “Moverme era difícil, pero el verdadero dolor era la vergüenza; no podía mirarme.”
Eso cambió cuando Almada empezó a protestar contra el basural.
“De alguna manera, la lucha también me ayudó a superar esa vergüenza y avanzar hacia una solución”, dijo.
Presidente de la asociación vecinal del barrio San Pedro, Almada vive a un kilómetro del vertedero y lleva más de dos décadas presentando demandas para cerrarlo.
Su nieta y su hijo tienen asma y problemas pulmonares. Cuando fueron al médico, les dijeron que dejaran de fumar en casa, pero nadie fumaba. Pensó en todas las posibilidades y se dio cuenta de que era el vertedero. Incluso perdió a un bebé por los gases tóxicos.
"El poco tiempo que han vivido, es como si hubieran estado expuestos a cigarrillos constantemente."
Dijo que las consecuencias para la salud que él, su familia y la comunidad enfrentan lo motivan a seguir luchando.
Según Almada, el 60% de la comunidad sufre enfermedades crónicas como problemas de piel, huesos, respiratorios y abortos espontáneos.
Llevó todas estas denuncias y pruebas al gobierno municipal. En 2019, Juan Cabandié, entonces ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, visitó Luján para iniciar el plan de construcción de un centro ambiental.
El centro incluiría una planta de tratamiento y un centro de disposición final, con cintas transportadoras para clasificar residuos, infraestructura para tratar el agua y una guardería para que los trabajadores puedan dejar a sus hijos. También sería afiliado al gobierno, con pago estandarizado.
Tras el cierre de La Quema, se formaría un relleno sanitario en el barrio de Sucre, a unos tres kilómetros del vertedero.
Aunque la visita del ministerio dio esperanzas a los ambientalistas, los cartoneros se enfurecieron, ya que la consigna “La Quema Mata” amenazaba su sustento.
Almada comenzó a colaborar con cartoneros como Joana y explicó el plan del centro ambiental para brindarles condiciones de trabajo dignas.
El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un préstamo de 12 millones de dólares en 2008 para atender los basurales a cielo abierto en Argentina. Después de la visita de Cabandié, el préstamo fue renovado y se adquirió terreno para el centro.
Sin embargo, en 2022 la abogada Viviana Novelle presentó una demanda contra el centro por estar cerca de su jardín, a unos 1.200 metros.
LA LUCHA POR MANTENER EL VERTEDERO ABIERTO
Cuando se escuchó la demanda de Novelle, un juez federal pausó el desarrollo del centro por 24 horas. Pero el juez original se apartó y uno nuevo levantó la pausa.
En 2023, el tribunal congeló el progreso del nuevo centro y detuvo la disposición de residuos en La Quema. Enriques declaró para mantener el vertedero abierto y proteger el ingreso de los trabajadores.
Reconoció los impactos ambientales y de salud, pero señaló que los trabajadores no tienen otras oportunidades.
“Tuve problemas de salud por esto, pero mis compañeros siguen viniendo porque es su forma de ganarse la vida”, dijo.
La congelación fue levantada en 2024, y la construcción del centro se reanudó. A pesar del mandato judicial, el centro ha quedado estancado por la negativa del gobierno de Milei a financiarlo.
Con las políticas de austeridad, el Ministerio de Medio Ambiente fue disuelto.
“Ya no hay con quién hablar, a quién reclamar”, dijo Almada. “Sabemos que poco se puede hacer.”
EL IMPACTO DE MILEI
Mientras la comunidad y los recolectores defienden el centro ambiental, miembros de cooperativas cercanas ya viven esa realidad.
Marcelo Santiago Viagra, de 53 años, trabaja como reciclador en la cooperativa “Cielo Abierto Tres Estrellas”.
“Desde que estoy acá, para mí, esto es una familia”, dijo Viagra. “Siempre estamos para ayudarnos.”
Viagra recolecta materiales como plástico, PVC y cartón. Aunque recolectan materiales similares a los cartoneros, prefieren el término “reciclador”.
Para ellos, hay una diferencia: en La Quema cada quien trabaja para sí mismo, mientras que en la cooperativa se reparten las ganancias.
Reciben equipo de protección, trabajan bajo techo, siguen un horario de 8 a 14:30 y están contratados por el municipio.
“Aquí todos somos iguales”, dijo.
Sin embargo, la estructura formal de pago se ve amenazada por el proyecto de ley “Bases” de Milei, que permite importar materias primas más baratas de Brasil.
Ahora, las industrias prefieren comprar materiales extranjeros, lo que incentiva a los cartoneros a volver a La Quema para ganar por kilo recogido.
"Un gobierno como el de Milei, que se enfoca en cuadrar las cuentas, hace que todo se vuelva obstáculos, restricciones."
Cooperativas como Cielo Abierto simbolizan esperanza, pero tienen capacidad limitada. La ciudad de Buenos Aires tiene contratos con 12 cooperativas que emplean a 6,500 recicladores y no están en expansión.
“En una crisis económica y social, no se puede seguir incorporando más trabajadores o expandiendo la cuota”, dijo Bárbara McCluskey, asesora del Departamento de Higiene Urbana.
Además de los problemas de salud, los cartoneros enfrentan acoso policial por falta de identificación. Si no la tienen, deben pagar sobornos o arriesgarse a ser detenidos.
Enriques dijo que también enfrentan vigilancia con drones por parte de opositores al centro.
“Han enviado drones, los graban, los filman”, dijo. “Los intimidan para que reaccionen y así generar más conflictos.”
La oposición pone en riesgo la posibilidad de que los cartoneros se adapten con dignidad. Almada, sin embargo, se mantiene esperanzado.
“Dios quiera que veamos el centro ambiental terminado, el vertedero completamente cerrado y cubierto, convertido en lo prometido—un parque verde sobre esa montaña de basura”, dijo.
Pero tras años de litigios y falta de comprensión sobre los trabajadores y su realidad, Enriques es escéptica.
“No me vendan sueños”, dijo.